Jesus Antonio Garcia Mariñelarena
Por Omar Alejandro Castrejón importante darle una leída y reflexión, "compartir nos ayuda a hacer entender a muchos la realidad en la que estamos en nuestro país”
La suspensión de la corrida de toros programada para el 30 de enero de 2026 en Provincia Juriquilla, Querétaro, no es un simple malentendido administrativo ni una discusión cultural. Es, en realidad, una postal bastante clara de cómo en México el Poder Judicial está empezando a operar más como árbitro ideológico que como garante de la ley.
Y cuando eso ocurre, casi siempre hay daños colaterales: libertades que se reducen, certezas que desaparecen y patrimonio cultural y ecológico que se pierde mientras todos discuten el síntoma y no la enfermedad.
La tauromaquia, guste o no, no es ilegal. No es una actividad improvisada ni fuera del sistema. Está regulada, tiene permisos, cumple con requisitos administrativos y forma parte de una tradición histórica reconocida. La corrida de Juriquilla tenía todas las autorizaciones necesarias. No se trataba de algo clandestino ni de una ocurrencia de última hora. Aun así, un juez federal decidió suspenderla mediante un amparo promovido por una organización animalista, extendiendo los efectos de su decisión a terceros que ni siquiera formaban parte del juicio. Porque claro, si algo no me gusta, lo lógico es prohibirlo para todos.
Aquí es donde conviene bajar el ruido y subir un poco el nivel técnico. El amparo no fue creado para cancelar actividades legales que simplemente incomodan a ciertos grupos. Para que proceda, se debe acreditar un interés jurídico o al menos un interés legítimo real, no solo una causa ideológica bien empaquetada. En muchos de estos casos, eso no ocurre. Además, se conceden suspensiones contra actos futuros e inciertos, es decir, se castiga algo antes de que pase, por si acaso. También se ignora el principio básico de que el amparo solo debe beneficiar a quien lo promueve y no afectar a toda una comunidad o a una actividad económica lícita. Y por si fuera poco, se suspenden permisos administrativos que gozan de presunción de legalidad, como si el juez pudiera sustituir alegremente a la autoridad competente. Todo esto, dicho en sencillo, es usar el amparo como herramienta política y no como instrumento jurídico.
Este tipo de decisiones no surgen de la nada. Viven cómodamente dentro del contexto que dejó la reforma al Poder Judicial Federal aprobada en 2024. Una reforma que prometía acercar la justicia al pueblo, pero que en la práctica ha servido para politizarla. La elección popular de jueces y ministros, el debilitamiento de contrapesos y la pérdida de autonomía han generado un sistema donde muchas resoluciones parecen responder más a la causa correcta del momento que a la Constitución. Y como si eso no fuera suficiente, los escándalos, conflictos internos y disputas públicas dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han terminado de erosionar la confianza en quienes se supone deben ser árbitros, no activistas con toga.
Cuando jueces y ministros se convierten en protagonistas del debate político, la ley deja de ser un piso parejo y se vuelve plastilina. Se estira, se acomoda y se adapta según la presión mediática del día. En ese escenario, suspender una corrida de toros deja de ser una excepción y se convierte en una práctica normalizada de intervención judicial en la vida cultural, económica y social del país.
En este tablero también juegan ciertas organizaciones animalistas que se presentan como defensoras desinteresadas del bien común, pero que operan con estructuras de financiamiento, influencia política y protagonismo mediático bastante rentables. El discurso es moral y ecológico, pero la práctica muchas veces es selectiva. Se habla de proteger animales mientras se ignora convenientemente que las ganaderías de toro de lidia conservan enormes extensiones de ecosistemas, flora y fauna que no existirían sin ese modelo. Se exige la desaparición de la actividad sin decir, claro, que con ella desaparece también el toro de lidia como especie. Pero eso no suele caber bien en un eslogan.
Y no, este debate no se trata de convencer a todos de que les gusten los toros. Se trata de algo mucho más serio. ¿Qué pasa cuando el Poder Judicial decide qué tradiciones, negocios o actividades pueden existir según criterios ideológicos?, no puede resultar nada bueno. Porque una vez que se abre esa puerta, no hay razón para cerrarla.
Bajo la misma lógica con la que hoy se cancela una corrida, mañana se puede cancelar una obra de teatro porque alguien se siente ofendido, cerrar un negocio familiar porque no encaja con la nueva moral dominante o prohibir una fiesta tradicional porque no es suficientemente correcta. Un joven que hoy quiere emprender puede descubrir mañana que cumplir la ley ya no es suficiente. Que ahora también debe pasar el filtro ideológico del juez en turno. Una familia que vive de una actividad legal puede perder su sustento porque a alguien no le gusta cómo se ve desde afuera.
Y ahí está el verdadero problema. Cuando la ley deja de ser clara y predecible, las nuevas generaciones pierden algo básico: la certeza de que el esfuerzo, el trabajo y el cumplimiento de las reglas sirven para algo. Se instala la idea de que todo es provisional y que cualquier proyecto puede ser cancelado si no coincide con la causa correcta del momento.
Por eso, la suspensión de una corrida de toros no es un tema menor ni exclusivo de aficionados o detractores. Es una señal de alerta. Es un ejemplo concreto de cómo se pueden perder libertades, patrimonio cultural, ecosistemas productivos y derechos individuales cuando el Poder Judicial olvida sus límites. Defender el Estado de Derecho hoy no es una consigna abstracta. Es defender la posibilidad de que mañana alguien pueda vivir, crear, emprender y asociarse sin pedir permiso ideológico para existir.
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